Rosa Luxemburgo

Soy profesor sustituto de secundaria en la educación pública de Andalucía. El año pasado me quedé a las puertas de hacer una sustitución, pero asistí a un milagro que sólo en pocas ocasiones se da alguna vez en la historia. En todo el tercer trimestre ni una sola baja: ni un profesor o profesora  enfermos, ni una baja por maternidad ni por paternidad, ni una lesión, ni depresión ni nada de nada. Un auténtico milagro. Me alegré por una parte, porque pensé que nadie había enfermado. Evidentemente por otro lado me entristecí, pues eso suponía quedarme sin trabajo. Es el triste sino de los profesores sustitutos, trabajamos cuando alguien se lesiona, se deprime, se da de baja en fin. Son las dos caras de la moneda en una misma acción. Como buen ateo que se resiste a creer en los milagros, finalmente descansé tranquilo cuando di con la clave que se escondía detrás de este aparente enigma de la salud colectiva. Por motivos de la vida conocí a una profesora de mi especialidad que habiéndose dado de baja por más de un mes, su puesto no había sido cubierto por ningún sustituto. El milagro de que la bolsa no corriera no se debió a los atributos de la salud colectiva, sino a la negligencia de la Consejería de Educación de quienes dicen defender una salida social a la crisis (véase PSOE-A).

Este año, más cerca de la sustitución, cuando a penas estoy a una decena de personas del ansiado trabajo, me encuentro con que Comisiones Obreras denuncia en un comunicado público que una vez que un profesor de da de baja, los centros “hacen “auténticos malabarismos” pues en la mayoría de los casos estas ausencias no son cubiertas.” Además el sindicato USTEA denuncia que la Junta de Andalucía ha congelado la bolsa de trabajo y propone una concentración semanal a las puertas de Delegación.  ¿Cómo se puede congelar una bolsa de sustituciones? ¿Acaso asesorados por Rapel han sido capaces de vislumbrar que ningún docente se va a dar de baja? Quizá este podría ser un ejemplo de cómo desde una situación material individual se toma conciencia de un problema que va más allá de nuestro día a día. Ese problema es el problema que atañe a la Educación Pública desde su tramo inicial hasta la universidad. Ante los problemas concretos relacionados con la educación secundaria, que en muchas ocasiones son noticia en los medios de comunicación relativos no sólo a los fenómenos de violencia en el aula, sino también a la baja cualificación de nuestros alumnos dentro del entorno de la UE, la Administración responde quitándose de en medio. La falta de material humano en los centros con que poder afrontar tal realidad es el día a día de la educación pública andaluza. Profesores de informática dando educación física, bajas sin cubrir, ausencia de maestros o profesores de apoyo y un largo etcétera. Todo eso que lamentablemente era habitual en los centros de educación pública andaluces se convierte hoy día en una política premeditada de austeridad en el gasto público frente a la crisis. Yo me pregunto ¿qué clase de educación reciben los alumnos por parte de un profesor que no existe? ¿Por qué no se hace pública dicha política de ajuste económico en lugar de esconderla entre las bambalinas de las subdelegaciones de educación?

Porque admitir dicha política, hacerla pública, conlleva admitir que  son las clases populares, quienes en mayor medida llevamos a nuestros hijos e hijas a la escuela pública, las que vamos a pagar la crisis. Habrá que poner de nuevo sobre la mesa que significan los servicios públicos, fundamentalmente la educación y la sanidad. Habrá que señalar por qué una política negligente que especule con nuestra educación y salud, es una política reaccionaria. Y sobre todo habrá que pedir explicaciones a las administraciones que permiten que en un abrir y cerrar de ojos se escape de las arcas estatales casi un 1% del PIB para salvar a la banca, que mucho tiene que ver con el origen de esta crisis. Mientras, sólo un 1,69% del PIB es destinado anualmente a educación secundaria, lejos del 2,34% de media de los países de la UE. Desconozco la situación en la sanidad pública, pero espero que por sentido común no estén especulando con nuestra salud de la misma manera que lo hacen con nuestra educación. Está claro que la pretensión es que sea la mayoría de la sociedad no beneficiada por los planes de rescate bancario los que paguemos las facturas impagadas de esta crisis.

Es evidente que esta situación de deterioro de la educación pública tiene que ver con mucho más que con la no sustitución de las bajas de profesores, siendo ésta una causa más que se suma al resultado de la falta de personal docente en los centros públicos de Andalucía. CGT relaciona esta deficiencia con el gasto que ha supuesto el mal conocido como plan de calidad. Pero ¿dónde están las respuestas? Hasta la fecha, la única propuesta que hay sobre la mesa es la concentración semanal de USTEA. Sin embargo, dicha respuesta es harto insuficiente. Incluso admitiendo el supuesto de que los sindicatos mayoritarios son difícilmente movibles, existe vida más allá de los mismos. La situación exige una unidad de acción entre las centrales sindicales que defienden la educación pública. No entiendo el mecanismo ni la historia que ha llevado a USTEA a convocar en solitario, pero es evidente que su sola fuerza es como un David frente al Goliat de la Administración andaluza. Creo que se está a tiempo de tomar el pulso al problema. Se está a tiempo de llamar a una reunión entre los sindicatos interesados, de movilizar no sólo al profesorado, sino también a las madres y padres de quienes sufren dicha educación. SADI, en tanto que sindicato de interinos es quizá uno de los más interesados en el tema. Tal vez es el momento de hacer un trabajo conjunto quienes ahora asistimos impasibles ante el deterioro de la educación pública. Porque no sólo con los despidos, el paro y los recortes salariales, sino también con el deterioro de los servicios públicos se nos hace a los trabajadores y trabajadoras cargar con el peso de esta crisis.